El paro, por mucho que los
políticos intenten maquillar los datos, no mejora. Los celebrados descensos se falsean
gracias a la estampida de inmigrantes retornados, sumado a los emigrantes
propios, ya expatriados. Junto a otras técnicas deshonestas para reducir la
lista, como el dar de baja a los desempleados que están asistiendo a cursos
porque entenderán ellos que, “el saber”, da de comer, cotiza y paga hipotecas. Por no hablar de aquellos parados que han
desistido en su empeño de renovar una demanda de empleo que parece no llevar a nada,
borrando de las listas su nombre pero no su situación. Por eso no sorprende
que convocatorias públicas para elaborar bolsas de empleo con interinos
(interinos, que no funcionarios de carrera), sean demandadas masivamente. La
gente se agarra a lo que sea y desembolsa una tasa, de entre 8 y 15 euros, por
participar en una prueba que, en el mejor de los casos, le consiga un contrato
de un par de meses en una Administración
Pública.
Esta iniciativa, además, es
muy jugosa para sus organizadores. Calculen ustedes en base a la última,
realizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 2.496 personas convocadas,
a 8.67 euros la inscripción, dan unos 21.640 euros con los que hacer caja. Si
la mal llamada ‘Ley de Transparencia’
cumpliera su función, sabríamos a qué fin se dedican estas recaudaciones tan de
moda entre los distintos ayuntamientos de la isla, pero dudo mucho que se destinen
a ayudas sociales o subsidios, ni tan siquiera al sueldo de los empleados
temporales resultantes.
Recordemos que no se
adjudican plazas, son sustituciones, de modo que no hay un número exacto que
cubrir pero el Consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Juan José Martínez, se
muestra optimista: “calculamos que serán 8 ó 10”, comenta en el telediario. Dada la competencia, es como ganar la
lotería pero atendiendo al premio, se queda en rifa de barrio. La disputa es
masiva porque la gente está desesperada y la Administración se aprovecha:
¡hagamos negocio! Si quieren trabajar, con una probabilidad de lotería, pasen
por caja.
“Igualdad, mérito y
capacidad” es el lema de las convocatorias públicas. Muy bonito sobre el papel
pero humo en la realidad imperante. La oposición para el Ayuntamiento da buena
muestra de ello. La misma, se basa en dos pruebas: un test de 50 preguntas y, superado
éste, un supuesto práctico. Los temas versan sobre leyes, en su mayoría; leyes compuestas
de capítulos, títulos, disposiciones adicionales, disposiciones transitorias y
finales, desglosadas a su vez en artículos. Lo fundamental de éstas, es su
contenido, ya que su orden y correlación importan a nivel representativo, es
una forma de esquematizar el compendio con cierta lógica, aunque dejando a
libre designación del legislador, el otorgar
el número 125 ó 126 a la materia que toque. Es resaltable porque,
sabiendo esto, a nadie se le ocurre versar un examen sobre la numeración de
artículos, pues qué más dará el lugar que ocupen. Más en los tiempos de Google,
donde una consulta de este tipo, dura unos segundos. Bien es cierto que hay
artículos importantes, por así decirlo, que son constantemente referenciados a
lo largo de una ley concreta, ocurriendo que, a fuerza de repetición, se
memorizan. Por tanto, podría ser comprensible que, de recurrir a una pregunta así,
ésta se ciña a los artículos mentados. Eso si partimos del sentido común y,
sobre todo, del conocimiento. Lástima que el buen hacer y el discernimiento
escaseen. De ahí que en una oposición
tan importante como la del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se haya
dedicado un 25% del examen a preguntas sobre numeración. Inaudito, lo nunca
visto. Como siempre en Canarias, innovando en regresión.
Eso sólo por matizar lo que
resulta, inmediatamente más indignante, ya que también hay otras preguntas
cuyos enunciados no son claros y algunas que quedan a “fantasía” del creador,
cuando lo legal es ajustarse, literalmente, a lo dispuesto en la ley. El
creador, por cierto, se llama Innocan. La susodicha empresa, autoproclamada
como TIC (tecnología de la información y la comunicación), dice desarrollar ‘aplicaciones con tecnología propia, basadas
en tratamientos de datos e imágenes’, en una web que ni siquiera tiene
dominio propio (tira de Wordpress gratuito) y ni se molesta en que sus enlaces
funcionen (están vacíos) o en aplicar una plantilla ‘responsive’ (adaptable a las distintas pantallas: ordenador, móvil,
tablet…). Esto, al menos, es lo que se encuentra uno en el primer resultado que
arrojan los buscadores; como carta de presentación para una empresa
tecnológica, deja mucho que desear. Es como ir a la peluquera y ver que la peluquera tiene
el pelo quemado, mucha confianza no da...
Con este conocimiento de
antemano, no sorprende el desastroso examen presentado ante miles de personas,
donde resultaba evidente que no existía un dominio de la materia. La muestra no
reflejaba adecuadamente el temario propuesto, ya que hubo temas que
directamente no aparecían en el repertorio de preguntas. Además del patrón
elegido, que fundamentó una cuarta parte del mismo, en cuestiones relacionadas
con la numeración de artículos; algo que queda en anécdota en oposiciones previas
de la misma categoría. No olvidemos que estamos hablando de configurar una
lista de sustitución para auxiliares administrativos, no se trata de un
concurso para la abogacía del Estado, donde controlar las leyes a este nivel,
podría tener su razón de ser.
Si bien hay quien acierta
los números de la primitiva, de modo milagroso, no puede aplicarse el mismo
sistema a una prueba de acceso para un puesto en la Administración. Utilizar
una ponderación adecuada y extraer preguntas representativas de conocimiento
válido y no de la Virgen de Lourdes, es lo correcto. Muchos parecen olvidar que esto no es un simple examen, va más allá, es
el futuro de la gente. La cual ha dedicado un tiempo importante a estudiar y,
además, ha pagado por presentarse (con esfuerzo, no pocas de las veces). Detrás
de esa cifra de 2.500 inscritos, aparentemente inerte, hay historias duras pero,
ante todo, reales. Casos de personas que han tenido que pedir prestado el
dinero de la tasa o que compaginan empleos precarios. Algunos llegaron
uniformados al examen porque éste se celebró un miércoles a las nueve y media
(cuando lo habitual es hacerlo un festivo por condiciones de igualdad), y a las
que ha supuesto un contratiempo tener que pedir el día libre o una reducción de
horas. Lo mínimo exigible en tales circunstancias, es respeto.
Este examen no es un filtro
para “tener a los mejores”, como se atrevió a decir el alcalde Bermúdez, no sé
si con cinismo o con el más aberrante de los desconocimientos. Desde luego, con ese comentario demuestra
que él, sí que dista mucho de ser el mejor alcalde que podríamos tener. Estén
atentos al porcentaje de aprobados y a la nota media (si es que se atreven a
publicarla), a ver si la supuesta “criba de la excelencia”, arroja unos
resultados que evidencien algo de justicia.
Todavía queda una segunda
parte de la prueba para los pocos que, guiados por los santos y el azar, hayan
conseguido un cinco raspado. Veremos con qué sorprende el tribunal, si vuelven
a tirar de desproporción con falsos argumentos de calidad o si intentan
redimirse. Simplemente recordar que esta
prueba forma parte de un proceso selectivo que espera repetirse en 24 ocasiones
más, para la sustitución de técnicos, ingenieros y otras áreas del mismo
organismo; con el que podremos vislumbrar cuánto afán recaudatorio oculta esta
práctica.
Lo que, sin lugar a dudas,
debería ser una constante, son las quejas de los afectados. Dos mil quinientas
personas que están en su derecho de reclamar una prueba que nada tiene que ver
con un baremo justo y de hacerlo más allá del descontento interno, porque ése
queda sin consecuencias. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos sigan tomando el pelo,
rindiéndonos antes de empezar?